Una denuncia penal contra el intendente de Las Lajas, Pablo Cortez (MPN), sacudió esta semana la agenda política institucional de la localidad ubicada en el centro de la provincia de Neuquén. La presentación fue realizada por el concejal Juan Cabezas (Juntos), quien vinculó al jefe comunal con la habilitación de una cantera de la que sería titular y con la existencia de irregularidades en el cobro de la tasa vial que instauró el municipio.
Según el relato de Cabezas, en diciembre de 2025 el intendente elevó un proyecto de ordenanza para solicitar al Concejo Deliberante la aprobación del permiso municipal para un yacimiento de áridos. En esa solicitud, Cortez fue reconocido como titular del predio, dato que utilizó como justificación para presentar la iniciativa ante el cuerpo legislativo. El proyecto fue aprobado y habilitó la actividad comercial de la cantera para el período comprendido entre 2024 y 2028.
Cabezas argumentó que el intendente no puede contratar con el Estado ni solicitar permiso para un emprendimiento propio en el cual el municipio tiene interés económico directo. «No puede, siendo intendente, tener una concesión de un yacimiento minero, y mucho menos puede tener una concesión de un yacimiento minero del municipio a su cargo», afirmó en la denuncia. El concejal citó el artículo 88 del reglamento de contrataciones de la ley 2141, que impide la contratación de agentes y funcionarios del Estado provincial, nacional y municipal. También cuestionó a la dirección provincial de Minería por no considerar que Cortez es intendente.
El segundo hecho denunciado se refiere a la tasa vial aprobada en 2025. Cabezas señaló que el cobro de este tributo se realiza mediante un tercero que actúa como agente de percepción y debe transferir lo recaudado al municipio para depositarlo en un Fondo Específico de Movilidad Urbana. Sin embargo, sostuvo que el único intermediario capaz de cumplir ese esquema sería una estación de servicio vinculada al intendente o de su propiedad. Esto generaría una superposición de funciones, ya que Cortez controlaría tanto como intendente el ingreso del dinero como presunto propietario del punto de venta.
