La gestión del PAMI en Tierra del Fuego está en el centro de un escándalo político y judicial que traspasó las fronteras provinciales y alcanzó la Cámara de Diputados de la Nación. Un proyecto de resolución fue presentado para investigar una serie de denuncias que apuntan a irregularidades en la auditoría, control y facturación de prestaciones médicas en la provincia austral.
La propuesta, presentada por el legislador nacional Jorge Neri Araujo Hernández, busca la creación de una Subcomisión Especial Investigadora que obtenga facultades para solicitar expedientes, convocar a funcionarios y auditores y realizar auditorías contables sobre la gestión local del PAMI conducida por Alberto Belmar, familiar del diputado libertario Santiago Pauli. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de varios diputados de la oposición y se basa en denuncias acumuladas desde comienzos de 2025.
Entre las denuncias más graves se destacan la señalada designación de Belmar al frente del PAMI en Tierra del Fuego, atribuida a influencias políticas de su sobrino legislador, y las dudas sobre su idoneidad, dado que Belmar no contaba con experiencia en salud pública y hasta 2020 se dedicaba a vender pizzas a través de redes sociales. Además, se cuestiona la facturación de prestaciones médicas que, al parecer, no habrían sido realizadas efectivamente.
La gravedad del caso se reflejó en la renuncia del médico prestador Dr. Camacho, quien denunció anomalías ante la Justicia Federal tras detectar irregularidades en la cadena de atención en Río Grande. Esta situación generó la exigencia de transparencia por parte de los diputados, que exigen que el Congreso intervenga para resguardar los recursos destinados a los jubilados, un sector especialmente vulnerable.
En sus argumentos, Araujo subrayó que el Congreso tiene una responsabilidad constitucional para intervenir ante sospechas sobre el manejo de fondos públicos en salud, y advirtió que el silencio ante hechos que afectan a la población es inaceptable. De aprobarse el proyecto, la subcomisión podrá llevar adelante investigaciones exhaustivas para determinar posibles responsabilidades administrativas y judiciales.