Las rutas argentinas continúan presentando graves deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de quienes transitan por ellas, a pesar de la importante recaudación destinada a su mantenimiento y reparación. Más del 70% de las vías nacionales se encuentran en condiciones regulares o malas, lo que se traduce en una alta tasa de siniestralidad vial, según datos de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina).
El gobierno logró reunir más de un billón de pesos mediante diversos impuestos, entre ellos un aumento en el impuesto a los combustibles líquidos, que pasó a representar un porcentaje mayor del precio final de la nafta. Estos recursos, sin embargo, no se ejecutan en obras de infraestructura vial de manera efectiva, ya que se prioriza la búsqueda del superávit fiscal.
La situación se evidenció en múltiples accidentes recientes ocurridos en distintas provincias. En una ruta de Río Negro, un camión volcó tras intentar esquivar un profundo pozo, situación que se repite habitualmente por el deterioro acumulado de las vías de circulación. Otros hechos graves tuvieron lugar en rutas de Salta, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Jujuy y Chaco, donde se registraron víctimas fatales y heridos, poniendo énfasis en la urgencia de obras concretas y no solo compromisos a largo plazo.
Una complicación adicional proviene de la modalidad de concesión de las rutas a empresas privadas, que deben realizar obras de mejora solo después de varios años, incluso después de finalizar contratos iniciales que condicionan incrementos tarifarios ligados a la culminación de trabajos puntuales. Esto deja a los usuarios y al Estado en una espera prolongada sin solución inmediata al mal estado vial.
Según fuentes oficiales, la Dirección Nacional de Vialidad recalca que el reglamento de concesiones fija las condiciones para el incremento de tarifas solo cuando se hayan terminado las obras de puesta en valor, lo que puede tardar hasta ocho o diez años. Esta demora contribuye a que los accidentes y daños en vehículos se mantengan, afectando principalmente el transporte de productos esenciales como los destinados a Vaca Muerta, que transitan por rutas en pésimo estado.
Los especialistas advierten que, sin una inversión real y sostenida en infraestructura vial, el escenario actual tendrá un agravamiento progresivo, con mayores riesgos para conductores y peatones. Las vías nacionales requieren un plan de acción urgente que priorice la ejecución efectiva de recursos ya recaudados para evitar la pérdida de más vidas y el empeoramiento del transporte de cargas y personas.