El Gobierno publicó el decreto 467/2026, que modifica normas vigentes desde 2003 y flexibiliza el proceso de nombramiento de magistrados, incluyendo a los integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y otros cargos judiciales. La medida elimina la obligación de publicar los antecedentes de los candidatos en diarios nacionales y suprime la consulta ciudadana previa, acelerando la designación.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), encargada de revisar las obligaciones fiscales y previsionales de los postulantes, contará ahora con un plazo máximo de cinco días para elaborar su informe, cuando antes no existía límite. Tras recibir esta documentación, el Ministerio de Justicia podrá remitir la candidatura al Presidente sin esperar los quince días que estipulaba la normativa anterior, un cambio que genera dudas sobre la transparencia del proceso.
El Ejecutivo justificó la flexibilización señalando una supuesta crisis institucional por la cantidad de vacantes judiciales pendientes, argumentando la necesidad de acortar plazos y reducir la intervención de la ciudadanía para lograr mayor celeridad. No obstante, juristas y sectores políticos calificaron la medida de retroceso institucional y advirtieron que facilita nombramientos de candidatos que podrían no reunir las credenciales adecuadas para el cargo.
Entre las modificaciones aludidas por el decreto están:
- Supresión de la obligación de publicación pública de los antecedentes de los candidatos a la Corte Suprema.
- Eliminación de la consulta popular previa a la designación de jueces y fiscales.
- Reducción del plazo para que Arca emita informes fiscales y previsionales de los postulantes.
- Eliminación del plazo de espera de quince días tras la presentación de documentación, agilizando el envío de las candidaturas al Presidente.
Críticos del decreto, como el jurista Andrés Gil Domínguez, solicitaron que el Poder Judicial declare la inconstitucionalidad de esta norma, mientras que voceros del Gobierno aseguraron que el control democrático seguirá a cargo del Senado. El asesor presidencial Santiago Caputo defendió la medida al argumentar que el proceso de nombramiento ya cuenta con mecanismos de audiencia pública y participación ciudadana que garantizan transparencia.
Este cambio en el procedimiento de designación judicial genera un debate sobre el equilibrio entre la agilidad para cubrir vacantes y la preservación de los mecanismos de control y participación ciudadana en los nombramientos públicos.