Alberto Fernández reapareció públicamente para evaluar su gestión al frente del país, destacando que mantuvo la tasa de desempleo más baja de la historia democrática y permitió que el salario real creciera a pesar de la inflación. Según aseguró, durante su mandato el salario real aumentó entre el 2% y el 2,5%, superando así la suba de precios y protegiendo el poder adquisitivo de los trabajadores gracias a paritarias libres y sin techos. Reconoció que la inflación fue un desafío serio, pero insistió en que su gobierno mantuvo abiertas las negociaciones colectivas para resguardar los ingresos laborales.
El expresidente responsabilizó a la administración actual por la caída de la actividad económica y el cierre de miles de empresas, especialmente pymes. Denunció que 30.000 compañías cerraron, la mayoría con menos de diez empleados, y advirtió que ello derivó en una profunda destrucción del salario y la pérdida sostenida del poder adquisitivo, dejando al país en una situación crítica. Además, cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que señaló como un sistema que prioriza a las multinacionales en detrimento del empleo local.
En materia de federalismo y políticas sociales, Fernández defendió el plan de vivienda implementado durante su mandato como una política federal inclusiva que alcanzó a todos los municipios sin importar el color político. Resaltó la construcción de 144.000 viviendas en todo el país y criticó los recortes en obra pública y transferencias a las provincias bajo el gobierno actual, que calificó como un retroceso y un mecanismo de extorsión.
Por último, se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, calificando las acusaciones en su contra como una persecución política impulsada por sectores del Poder Judicial. Enfatizó que las imputaciones contra la exvicepresidenta son infundadas y sostuvo que es una víctima del sistema judicial.