Un expediente judicial puso en el centro de la polémica al ex diputado nacional José Luis Espert, luego de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, afirmara que un contrato que presentó para justificar un ingreso de 200.000 dólares a su cuenta es falso. El documento, que supuestamente acreditaba servicios de consultoría minera en Guatemala, fue señalado como una simulación destinada a justificar el origen de esos fondos.
Según la investigación, Espert nunca viajó a Guatemala ni prestó ningún servicio relacionado con el contrato con Minas del Pueblo S. A., empresa minera que, a su vez, no tenía actividad operativa en ese país. El dinero en cuestión estaría vinculado a Federico ‘Fred’ Machado, un empresario argentino que en Estados Unidos confesó haber participado en operaciones de lavado de dinero con conexiones al narcotráfico.
Ante esta situación, el fiscal solicitó formalmente la indagatoria de Espert bajo la sospecha de lavado de activos. La causa también involucra a su contador, Mariano Cosentino, y a Varianza S. A., la firma encargada de elaborar informes contables que fueron cuestionados por contener irregularidades.
En una medida vinculada, el juez federal Lino Mirabelli ordenó la inhibición general y la prohibición de innovar sobre todos los bienes y cuentas financieras de Espert y de su esposa, María Mercedes González.
La relación investigada entre Espert y Machado se centró en el financiamiento logístico y económico para la campaña presidencial de Espert en 2019, aporte que hoy se encuentra bajo la lupa judicial por probable lavado de dinero.
Este proceso se suma al historial de Machado, quien fue detenido en Argentina por Interpol y enfrenta una solicitud de extradición a Estados Unidos por cargos relacionados con fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, reclamo que la Corte Suprema de Justicia ratificó.