La causa por la filtración de datos conocida como «La Gorra Leaks» se encuentra bajo la lupa tras un informe elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). El análisis pone en evidencia irregularidades y deficiencias en la investigación realizada por la Policía Federal Argentina, que llevó al allanamiento y detención de un individuo involucrado, afectando sus herramientas laborales y derechos.
El fiscal especializado, Horacio Azzolin, evaluó el procedimiento policial y remarcó que la pesquisa se basó en atribuciones genéricas y careció de evidencia concreta para sostener las acusaciones. Según el informe, la pesquisa policial se apartó del método investigativo riguroso, que debe construirse únicamente sobre evidencias digitales objetivas y la reconstrucción precisa de los hechos. Destacó además que se abandonaron líneas posibles de investigación sin justificación clara, lo que comprometió la calidad de la investigación.
Respecto a la difusión de la información filtrada, el estudio señala que el uso de la red TOR imposibilita rastrear datos identificatorios. La pesquisa se apoyó luego en varios canales de difusión, principalmente cuentas en Twitter y Telegram vinculadas a «La Gorra Leaks», que servirían para desarrollar otras líneas investigativas en busca de esclarecer los hechos e individualizar a los responsables.
El informe también resalta que la rápida viralización del caso provocó un interés masivo en la comunidad de informática y ciberseguridad, quienes emitieron opiniones legítimas y publicaron datos en redes sociales. Sin embargo, estos hechos no constituyen indicios de participación en la filtración, según la fiscalía.
Un aspecto central del análisis fue el intento de incriminación directa hacia uno de los denunciantes, quien ya había sido allanado y detenido. El fiscal reveló que contra esta persona se produjeron amenazas de muerte y se le enviaron imágenes de abuso sexual infantil, supuestamente para forzar su implicación en la causa. Estas acciones configuran un patrón de hostigamiento que la fiscalía calificó de alarmante.
En resumen, el informe de la Unidad Fiscal Especializada cuestiona duramente la metodología utilizada por la Policía Federal, destacando la necesidad de basar la investigación en pruebas contundentes y de garantizar el respeto a los derechos de los investigados. La denuncia de amenazas y persecución a los involucrados pone en foco un nuevo nivel de complejidad en el caso, reflejando riesgos para la integridad personal y la justicia en causas vinculadas a ciberdelitos.