El Gobierno nacional ajustó el proyecto que modifica la Ley de Tierras para incluir un techo del 25% sobre la extranjerización de terrenos rurales, tras múltiples cambios que buscaban flexibilizar la normativa vigente. Este cambio responde a la necesidad de asegurar votos en el Senado para avanzar con la media sanción de una ley vinculada a la inviolabilidad de la propiedad privada.
La iniciativa sustituye la propuesta inicial, que contemplaba una liberalización casi total de la venta de tierras a manos extranjeras, eliminando el tope del 15% fijado desde 2011. El nuevo texto establece que las operaciones deberán contar con la aprobación tanto de la provincia donde se ubica el terreno como del Estado nacional, un mecanismo conocido como doble conforme.
La ley vigente, sancionada durante la gestión kirchnerista, limitaba la compra de tierras por extranjeros al 15% del territorio nacional y restringía la venta en áreas consideradas estratégicas como zonas de frontera, ribereñas o adyacentes a espejos de agua. Además, impuso un tope de mil hectáreas para personas físicas o jurídicas extranjeras en zonas agrícolas clave y limitó la participación de ciudadanos de una misma nacionalidad al 30% en cada jurisdicción.
En una estrategia para lograr el apoyo necesario, la presidenta del bloque senatorial La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsó que las provincias retengan la facultad definitiva para autorizar o rechazar ventas a extranjeros, así como la posibilidad de fijar sus propios límites de extranjerización. Asimismo se incorporó la prohibición explícita para que estados extranjeros adquieran tierras rurales y se establecen rigurosos procesos burocráticos para la venta a empresas con participación estatal extranjera.
Estos cambios reflejan un viraje respecto a los borradores previos, que favorecían la apertura total. El jueves, el proyecto será sometido a votación en la Cámara alta, luego de que Bullrich ofrezca detalles en una conferencia de prensa anticipada para dar a conocer las modificaciones autorizadas.