Desde que comenzó la revisión urgente de 70.000 expedientes vinculados a casos de violencia sexual contra niños, se ordenaron 134 prisiones preventivas. Esta acción forma parte de la respuesta gubernamental tras la conmoción causada por la muerte de una niña de 11 años, cuyo caso reveló graves fallas en la investigación y atención a las denuncias previas.
El principal sospechoso de la muerte de la niña ya tenía antecedentes en esos expedientes, incluyendo una denuncia por agresión sexual de una menor de 10 años que databa de meses atrás. La revelación de esta información generó críticas hacia la actuación de los magistrados, lo que llevó al llamado a revisar exhaustivamente todos los casos pendientes para evitar nuevas fallas y demoras.
La gravedad del asunto motivó la intervención de la inspección general de la Gendarmería Nacional y la de Justicia, quienes elaboran un informe sobre las disfunciones detectadas en la gestión de las investigaciones. Mientras tanto, la sociedad continúa movilizándose con protestas frente a juzgados para exigir mayor protección a las víctimas de violencia sexual y de género.
Además, familias afectadas anunciaron presentaciones judiciales contra el Estado por omisiones y negligencias en la respuesta institucional. El gobierno expresó su compromiso de avanzar en una ley integral de protección infantil, con un proyecto que contempla 78 artículos, y que cuenta con el respaldo de más de un centenar de legisladores tanto de la oposición como de la coalición oficialista.
El primer ministro reafirmó que el proyecto tendrá prioridad en el próximo Consejo de Ministros, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y asistencia a víctimas. Así, buscan evitar que casos como el de esta niña sigan repitiéndose, y demostrar que las lecciones aprendidas se traducen en medidas concretas.