La ultraderecha suiza presentó una iniciativa popular que busca limitar la población del país a diez millones de habitantes, un umbral que, de alcanzarse, obligaría al gobierno a abandonar acuerdos internacionales relacionados con la migración y la cooperación global. Aunque el Ejecutivo rechaza el proyecto, la consulta está convocada para votarse próximamente y podría imponer cambios significativos en la política del país.
La propuesta, promovida por el Partido Popular Suizo (SVP), utiliza el argumento de la «sostenibilidad» ambiental para justificar el límite demográfico, aunque sus implicancias van mucho más allá del control poblacional. Si se aprueba, Suiza tendría que retirarse del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Además, perdería el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea, su principal socio comercial, lo que impactaría casi el 60% de su intercambio económico.
Actualmente, con una población cercana a los 9,1 millones, Suiza ha experimentado un crecimiento importante en las últimas dos décadas, un 26% desde el año 2000, impulsado en gran parte por la llegada de inmigrantes, principalmente europeos. Más del 30% de la población no posee ciudadanía y gran parte proviene de la Unión Europea, aportando en sectores clave de la economía y la cultura, desde la construcción hasta la salud y las artes.
El debate que genera el referéndum se enmarca en un contexto social dividido, con encuestas recientes que muestran un apoyo cercano al 45% para la iniciativa y un rechazo del 52%. Su impacto trasciende las fronteras nacionales, pues esta medida representa un nuevo modelo político para la ultraderecha europea, conocido como “econacionalismo”, que combina proteccionismo económico con límites migratorios bajo discursos ambientalistas y de sostenibilidad.
Este mecanismo se habilitó gracias a la democracia directa suiza, que permite convocar referéndums mediante la recolección de diez mil firmas para modificar la Constitución. La votación reflejará no solo un debate sobre la población y el medio ambiente, sino también sobre el compromiso internacional y la integración europea.