El sistema de jurados populares debutó en Rosario con una condena unánime contra un acusado por doble homicidio agravado por el uso de armas de fuego. Los 12 ciudadanos que integraron el tribunal consideraron responsables al imputado, Daniel Román Cabaña, por el femicidio de su esposa, Natalia Ocampo, y el homicidio simple de César Gastón Valenzuela. Además, dictaminaron la existencia de tenencia ilegal de armamento de guerra.
Este fallo representa un paso significativo en la participación ciudadana directa dentro del proceso penal en la provincia de Santa Fe. La Oficina de Gestión Judicial programó una audiencia próxima para definir la pena definitiva, donde las partes debatirán ante el magistrado encargado del caso.
Los cargos contemplaron agravantes específicos: violencia de género, vínculo conyugal y uso de arma de fuego en el femicidio. Para el segundo homicidio, se sumó la calificación de homicidio simple. La colectividad civil que conformó el jurado asumió un rol decisivo en la determinación de la sentencia tras evaluar meticulosamente las pruebas aportadas durante varias jornadas de debate.
El proceso enfrentó desafíos metodológicos, ya que la Fiscalía debió adaptar su estrategia comunicativa para que personas sin formación jurídica comprendieran las acusaciones y las evidencias técnicas, especialmente las pericias balísticas. Esta adecuación fue clave para garantizar la transparencia y la claridad del juicio ante el auditorio popular.
Este estreno del sistema de jurados marca un hito en la estructura judicial santafesina, con la intención de fomentar la democratización en la administración de justicia. Observadores técnicos y periodistas acreditados documentaron el desarrollo del proceso para detectar ajustes en los procedimientos y mejorar la gestión de futuros litigios.