La persecución hacia profesionales de la seguridad informática en América Latina atraviesa una etapa preocupante, evidenciada por investigaciones recientes que documentan prácticas de vigilancia extensiva sin pruebas contundentes contra los involucrados. En Argentina, el episodio protagonizado por Javier Smaldone, reconocido experto en tecnologías de la información y seguridad digital, ilustra cómo se puede criminalizar la crítica y el análisis de vulnerabilidades gubernamentales.
Smaldone fue detenido y sometido a un exhaustivo allanamiento, donde se confiscaron dispositivos electrónicos sin que existieran cargos formales en su contra. Su «evidencia» principal fueron publicaciones en redes sociales donde comentaba la grave filtración de datos conocida como «La Gorra Leaks 2.0». La policía argentina emprendió un seguimiento intenso que abarcó desde el rastreo de sus movimientos mediante datos telefónicos y de transporte público, hasta la vigilancia directa en espacios públicos e incluso alrededor del domicilio de sus hijos.
Este nivel de monitoreo incluye técnicas como el «ciberpatrullaje» en Twitter y otras redes sociales, la solicitud de registros de llamadas y conexiones de aplicaciones de mensajería, y la instalación de cámaras de vigilancia, prácticas que los autores del estudio consideran formas de persecución por la ausencia de pruebas de implicación en el delito investigado.
El caso de Smaldone se enmarca en un análisis realizado por tres investigadoras de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, apoyadas por Access Now, una organización dedicada a la defensa de los derechos digitales. El informe explora cómo la criminalización de especialistas en seguridad, a quienes en ocasiones se acusa sin fundamentos de actividades ilícitas relacionadas con filtraciones de información, afecta la libertad de expresión, la transparencia y la seguridad informática en general en la región.
Entre las actividades de vigilancia descritas en el estudio destacan:
- Interrogatorios prolongados sin cargos formales.
- Confiscación y revisión de dispositivos electrónicos personales.
- Acceso a registros telefónicos y de ubicación a través de proveedores móviles.
- Solicitudes de datos de conexión a aplicaciones de mensajería instantánea.
- Control del uso del transporte público mediante registros de tarjeta Sube.
- Vigilancia en espacios públicos, incluida fotografía y seguimiento físico.
- Monitoreo especializado en domicilios de familiares cercanos.
Estos métodos, combinados, forman un cuadro de acoso institucional que puede disuadir a profesionales, investigadores y periodistas de abordar temas sensibles de seguridad digital. El informe advierte que esta postura afecta la capacidad de la sociedad para entender y confrontar problemáticas de ciberseguridad y protección de datos en la región.