La crisis política en Bolivia escaló cuando miles de representantes vecinales, sindicales y de organizaciones sociales ratificaron su rechazo a dialogar con el Gobierno y exigieron la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz. La convocatoria, conocida como "Gran Cabildo por una Bolivia Libre y Soberana", se realizó en El Alto, una ciudad clave en las protestas que han durado más de un mes y mantenido al país en tensión.
Durante el encuentro, los asistentes aprobaron un estado de emergencia movilizado permanente y confirmaron la continuidad y fortalecimiento de los bloqueos y medidas de presión. Esta postura complicó aún más los intentos del Ejecutivo de abrir canales de diálogo para resolver el conflicto que afecta al país andino, paralizando gran parte de la actividad económica y generando escasez de combustibles, alimentos y medicamentos en diversas regiones.
Los cortes de rutas interdepartamentales, reportados por la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), se mantienen en más de un centenar de puntos estratégicos, lo que dificulta el transporte de suministros básicos y provoca graves pérdidas económicas. Además, organismos internacionales han advertido sobre el impacto humanitario que genera la prolongación de esta crisis, mientras que sectores empresariales alertan sobre daños económicos que podrían tardar meses en solucionarse.