El gobierno nacional inició negociaciones con diversas provincias para transferir corredores viales nacionales a las administraciones locales, con el objetivo de impulsar la ejecución de obras públicas clave y agilizar la gestión de infraestructura. Este esquema permite a las provincias hacerse cargo del financiamiento, mantenimiento y concesión de rutas sin que el Estado nacional pierda la titularidad ni la jurisdicción sobre esos caminos.
El modelo en cuestión se basa en la experiencia aplicada en la provincia de Santa Fe con la Ruta Nacional A012, donde se implantó un sistema similar que combina la gestión provincial con la supervisión nacional. Cada acuerdo define plazos específicos, obligaciones de conservación y las condiciones para la implementación de peajes o la contratación de operadores privados.
En paralelo, el gobierno confirmó que no impulsará en el Congreso el tratamiento de la Ley de Gestión de Intereses, conocida como Ley de Lobby, durante el segundo semestre del año. Desde la Casa Rosada reconocieron que existen objeciones técnicas y políticas que dificultan el avance del proyecto, en particular relacionadas con el diseño del registro de actores, las sanciones previstas y la alineación con estándares internacionales vigentes. Esta iniciativa quedará pendiente para una futura revisión y posible reformulación.
Dentro de esta estrategia de diálogo federal, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, convocó a reuniones con gobernadores para intercambiar propuestas sobre proyectos en común, con especial atención a obras hídricas y de saneamiento, entre ellas el acueducto de Albigasta y plantas potabilizadoras. Estas gestiones también incluyen la coordinación sobre aspectos presupuestarios, deudas previsionales y medidas preventivas frente a contingencias climáticas.