Organizaciones sociales, encabezadas por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), llevaron a cabo una jornada de protesta con cortes y movilizaciones en diversas regiones del país para reclamar la continuidad del programa Potenciar Trabajo. Esta iniciativa asiste a más de 900.000 beneficiarios que enfrentan incertidumbre debido a la apelación del Gobierno a una resolución judicial que ordenó revertir la eliminación del plan.
En los días posteriores a la intervención de la Justicia Federal de Campana, los beneficiarios recibieron el pago correspondiente, que asciende a 78.000 pesos. Sin embargo, el futuro del programa sigue en duda por la disputa legal vigente entre el Estado y la justicia. Los sectores organizados advierten que esta suma, aunque limitada, es fundamental para sostener a numerosas familias y actividades comunitarias.
Referentes de movimientos sociales señalaron que estos fondos son esenciales no solo para los beneficiarios directos, sino también para el funcionamiento de comedores y ollas populares que abastecen a sectores vulnerables. Una representante del movimiento Surge explicó que, pese a que los ingresos son bajos, el programa constituye un aporte vital para quienes trabajan semanalmente bajo condiciones salariales precarias.
El reclamo también se vinculó con una crítica a la gestión actual, cuestionando la decisión oficial de recurrir el fallo que favorece la continuidad del Potenciar Trabajo, mientras persisten dificultades socioeconómicas en los barrios más vulnerables.