El femicidio de Agostina Vega, una estudiante de 14 años del IPEM 169, conmocionó a la comunidad educativa y a toda la sociedad de Córdoba, que hoy exige verdad y justicia ante este nuevo caso de violencia machista. La noticia generó un profundo dolor, pero también una clara demanda para que la sociedad no naturalice ni permita que las niñas y adolescentes sigan siendo víctimas de la violencia de género.
Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) Capital, calificaron la situación como un fracaso en las políticas de prevención y protección. Señalaron al gobierno local, encabezado por Martín Llaryora, como responsable por el desmantelamiento y la insuficiencia de recursos para la implementación efectiva de estrategias que aborden esta problemática.
El sector educativo enfatizó la urgencia de aplicar integralmente la Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas como una herramienta fundamental para la prevención de las violencias. Además, reclaman mayor inversión y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen la protección y acompañamiento de niños, niñas y jóvenes frente a estas situaciones.
La UEPC Capital convocó a que el reclamo por justicia resuene en toda la provincia y destacó la necesidad de que las instituciones educativas se mantengan unidas y firmes en la lucha contra la violencia de género. La movilización busca que se implementen acciones concretas para cuidar a las infancias y juventudes y evitar que hechos similares se repitan.