El transporte escolar en las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires enfrenta una crisis provocada por la obsoleta actualización de las tarifas que paga el Estado. Esta situación impacta en la continuidad del servicio para numerosos alumnos que dependen de este traslado para llegar a sus escuelas.
La desproporción entre los montos que la Provincia abona y los gastos que afrontan los transportistas se agudiza, sobre todo, por el aumento constante del combustible, los seguros, los repuestos y el mantenimiento de las unidades. Este escenario se torna aún más complejo en el interior provincial, donde las distancias son extensas y predomina el tránsito por caminos rurales que aceleran el desgaste de los vehículos.
El transporte no está centralizado en grandes empresas, sino en pequeños prestatarios que, en muchos casos, operan con vehículos más modestos como combis o remises y combinan esta actividad con otros empleos. Muchos ya abandonaron el servicio por la imposibilidad de cubrir los costos, lo que genera recorridos sin cobertura y deja a decenas de estudiantes sin acceso al transporte escolar.
Como ejemplo concreto, se mencionan distritos donde apenas se autorizan la mitad de los trayectos solicitados, situación que afecta directamente el derecho a la educación de los niños y jóvenes rurales.
Ante esta realidad, se planteó la necesidad de actualizar las tarifas y buscar alternativas como la implementación de subsidios directos a las familias que trasladan a sus hijos con vehículo propio, condicionados al cumplimiento de la asistencia escolar. También se propuso fortalecer la colaboración entre el Estado y el sector privado para asegurar el traslado de los estudiantes.
En una reunión con la directora de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y con la participación de intendentes radicales, se expuso la problemática y se reclamó una pronta respuesta, aunque sin obtener compromisos concretos. Además, se expresó preocupación por los obstáculos para implementar programas educativos municipales derivados de decisiones de las jefaturas distritales.