Los productores rurales de Olavarría alertaron sobre el uso indebido de más de 2.000 millones de pesos recaudados a través de la Tasa por Servicios Generales Rurales. Según documentaron, ese dinero, originalmente destinado a mejorar la infraestructura vial rural, fue destinado a gastos de libre disponibilidad del Municipio, en detrimento del mantenimiento de caminos fundamentales para la actividad agropecuaria.
Esta denuncia se dio a conocer tras la primera reunión de la Comisión para Obras de Infraestructura Rural, convocada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Desde la Mesa Agropecuaria expresaron su fuerte preocupación y rechazaron la medida, solicitando que se implementen controles efectivos que garanticen la transparencia y el correcto uso de los recursos.
El desvío de fondos salió a la luz en la Rendición de Cuentas 2025, presentada en abril de 2026. Los productores manifestaron incomodidad porque esta información no les fue comunicada previamente por las autoridades municipales. Calificaron como inadmisible que, ante un evidente deterioro de los caminos rurales, se utilicen esos recursos para otros gastos o que, incluso, queden subejecutados.
Además, remarcaron el contraste entre el alto compromiso del sector agropecuario con el pago de la tasa —que mantiene una cobrabilidad superior al 90%— y la escasa inversión en obras viales que verdaderamente beneficien el territorio.
Para revertir esta situación, la Mesa Agropecuaria planteó una serie de propuestas destinadas a mejorar el control institucional:
- La incorporación formal de un concejal de la oposición a la Comisión para Obras de Infraestructura Rural, con el fin de ampliar la supervisión democrática y favorecer la transparencia pública.
- La apertura y estricto cumplimiento de una cuenta bancaria específica para administrar los fondos de la Tasa por Servicios Generales Rurales, conforme al artículo 3° de la Ordenanza Municipal N.° 4213/17, para garantizar una gestión clara y verificable.
Estas medidas buscan frenar el desvío de recursos y asegurar que el dinero recaudado se emplee exclusivamente en la mejora de la infraestructura vial rural, elemento esencial para la productividad y el desarrollo del sector agropecuario local.