El proyecto de reforma de la Ley de Tierras, que la Cámara de Senadores tenía previsto tratar, generó una fuerte advertencia de Elisa Carrió, quien consideró que la iniciativa compromete la soberanía nacional al permitir una mayor adquisición de tierras por parte de extranjeros y transferir decisiones estratégicas al Poder Ejecutivo y las provincias.
El texto firmado por Carrió y representantes de la asociación civil Voces por la Cultura, la Justicia y la Paz sostiene que esta reforma implica una entrega de poder sobre el territorio argentino, poniendo en riesgo no solo la propiedad privada sino también el control sobre el agua, los recursos naturales y las zonas consideradas estratégicas para el país.
Además, señalan que quienes apoyen esta reforma pueden incurrir en una conducta calificada por el artículo 29 de la Constitución como traición a la patria, con consecuencias jurídicas que invalidarían sus actos.
Los firmantes vincularon esta iniciativa con otras propuestas que, a su criterio, disminuyen la capacidad regulatoria del Estado, flexibilizan controles societarios y permiten la aplicación de leyes extranjeras, situaciones que podrían beneficiar a grandes empresas tecnológicas y grupos privados globales. Destacaron que este modelo relega la libertad ciudadana para convertirla en un privilegio de quienes concentran datos, infraestructura y financiamiento.
El comunicado también critica explícitamente a Javier Milei, señalando que su visión propondría que Argentina funcione como un "territorio de ensayo" para estas corporaciones, lo que debilitaría aún más la intervención estatal en la preservación de intereses nacionales.
Finalmente, los referentes manifestaron la necesidad de que la incorporación de nuevas tecnologías al país ocurra bajo reglas claras y controles democráticos que eviten la concentración del poder, la corrupción y la discrecionalidad en la gestión pública, elementos que consideran producto de mala regulación histórica.