El Gobierno prepara una reforma integral del código aduanero con el objetivo de simplificar y acelerar el ingreso y egreso de mercadería. La iniciativa contempla recortar la burocracia, reducir el personal y modificar la figura legal y las sanciones relacionadas con el contrabando, buscando una mayor desregulación en el comercio exterior.
Simultáneamente, se impulsa una modificación profunda en el mercado inmobiliario para cambiar la regulación del corretaje. La propuesta busca que esta actividad deje de considerarse una profesión liberal y pase a ser vista como un servicio de intermediación comercial, sin la obligación de contar con matrícula profesional ni la vinculación obligatoria a colegios inmobiliarios.
Esta reforma en el corretaje responde a críticas sobre el papel de los colegios profesionales, que actúan como entes reguladores exclusivos, imponiendo requisitos que limitan la competencia y mantienen tarifas y territorios cautivos. Según uno de los referentes del sector, el corretaje es una actividad comercial básica que conecta compradores y vendedores a cambio de una comisión, y no una disciplina técnica reservada a profesionales universitarios.
El proyecto propone eliminar las restricciones geográficas para ejercer la actividad en distintas provincias y suprimir las sanciones que aplican los colegios inmobiliarios a quienes operan sin matrícula, ya que se considera que esas medidas protegen intereses exclusivos en lugar de al consumidor. Esta línea de acción ha generado debate dentro del sector, dado que modifica un modelo vigente desde principios del siglo XXI.
El ministro a cargo de estas reformas recuperó propuestas del sector inmobiliario, incluyendo aportes de emprendedores de tecnología aplicada al mercado inmobiliario, para diseñar un marco normativo que facilite la competencia y modernice las relaciones contractuales.