La reducción en la coparticipación federal y otros recursos nacionales golpeó con fuerza a las provincias, que recibieron menos fondos en junio por el desplome del consumo y las medidas de ajuste económico. La caída interanual real de la coparticipación superó el 8%, mientras que el total de recursos provenientes del Estado nacional se redujo más del 4%, según informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Este escenario afecta particularmente a la provincia de Buenos Aires y sus municipios, donde la disminución de los ingresos federales obliga a aumentar la presión fiscal local para mantener servicios básicos, infraestructura y políticas públicas. La caída en la recaudación responde en gran medida a menores niveles de consumo, uno de los principales motores del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya recaudación retrocedió en términos reales por noveno mes consecutivo.
Además, otro tributo clave, el Impuesto a las Ganancias, experimentó una baja aún más marcada, lo que profundizó la caída de los fondos coparticipables distribuidos automáticamente a las provincias. En promedio, estos recursos nacionales constituyen más de la mitad de los ingresos provinciales, con la coparticipación representando casi el 45% del total. Según CEPA, todas las provincias sufrieron caídas reales en junio tanto en la coparticipación como en el total de recursos nacionales.
La merma en los ingresos provinciales ocurre en paralelo a una marcada reducción del gasto público nacional, que se situó un 34% por debajo de lo ejecutado en el primer semestre del año anterior, en términos reales. Solo en junio se registró un descenso interanual del 4% en el gasto estatal.
Los recortes más pronunciados se detectaron en áreas vinculadas a servicios económicos y sociales, con caídas de hasta el 72% comparado con 2023. Sectores como Vivienda y Urbanismo, Agua Potable, Promoción Social, y Educación y Cultura sufrieron bajas cercanas al 50% e incluso mayores en algunos casos.
Los informes también destacan que organismos como la Administración Nacional de la Seguridad Social y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia redujeron drásticamente su ejecución presupuestaria, profundizando la restricción en ámbitos clave para la protección social y la infancia.