La tasa de morosidad en créditos personales alcanzó un nivel récord en marzo, con un 14,2%, según informó el Banco Central. Este dato refleja la creciente dificultad de las familias para honrar los compromisos financieros, especialmente en líneas de préstamos destinados a consumo individual. La suba de la mora se vincula estrechamente con la pérdida sostenida del salario real y el aumento de costos fijos por encima de la inflación.
En conjunto, el indicador de irregularidad en el pago de créditos para hogares trepó al 11,5%, la cifra más alta desde 2004. Además de los préstamos personales, las tarjetas de crédito mostraron una morosidad elevada del 11,7%, mientras que los créditos prendarios e hipotecarios mantienen un nivel más bajo, pero con tendencia al deterioro, situándose en 6,9% y 1,4%, respectivamente.
El fenómeno incluye también al sector empresarial, donde la morosidad en financiamiento fue de 3,1%, superior a lo registrado a finales de 2024. Sectores como la construcción y el comercio presentaron índices aún más altos, 5,9% y 4,6% respectivamente, destacando un aumento generalizado en la falta de cumplimiento en los pagos.
Este aumento en la mora está asociado a factores macroeconómicos fundamentales que afectan la capacidad de pago de las familias. Desde el Banco Provincia señalaron que la caída de los salarios reales, el incremento de tarifas de servicios públicos y el aumento del desempleo explican en gran medida esta situación. En particular, el salario real se considera el principal determinante del incumplimiento en créditos.
En 2024 hubo expectativas de mejora en el poder adquisitivo que llevaron a un aumento del consumo, pero esa situación fue insostenible debido a la caída de los ingresos durante 11 de los últimos 15 meses. Además, el encarecimiento de las tasas de interés, tras la eliminación de las Letras de Financiamiento del Tesoro (Lefis) y en el contexto previo a las elecciones legislativas, complicó la posibilidad de refinanciar deudas.
El reajuste en las tarifas de servicios afectó especialmente a usuarios sin subsidios, con una caída del ingreso disponible de alrededor del 13% en dos años para empleados formales, tanto del sector público como privado, profundizando la restricción financiera. Esta combinación de factores pone en evidencia el impacto de la política económica en la capacidad de pago y el aumento sostenido de la morosidad en el sistema crediticio.