La Justicia avanza en una investigación que detectó un mecanismo ilegal para acelerar los tiempos en la obtención de permisos de importación durante el último cepo cambiario. El análisis de los teléfonos secuestrados a Martín Migueles, vinculado a un ex socio de Elías Piccirillo, permitió identificar a al menos tres personas que gestionaban autorizaciones a cambio de comisiones sobre el valor de las mercancías.
Los audios y mensajes extraídos de las conversaciones entre los involucrados revelan que el cobro fluctuaba entre un 10% y un 15% según el valor en dólares, calculado tanto al tipo de cambio oficial como al paralelo o "blue". La causa judicial liderada por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo también apunta a más de 50 personas y empresas relacionadas con estas prácticas irregulares.
Entre los nombres identificados aparece Ariel Germán Saponara, un abogado que habría ocupado cargos en dependencias vinculadas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que durante la investigación dijo tener contactos dentro del propio ministerio para acelerar las declaraciones de importación. En los intercambios, Saponara sugirió comisiones de alrededor del 12% y reconoció que podía negociar porcentajes según la demanda y las gestiones necesarias.
Las conversaciones detallan que las declaraciones SIRA, que oscilaban entre 100 mil y 150 mil dólares, podían gestionarse a mayor velocidad mediante este sistema paralelo. En uno de los audios, Migueles explicó que el porcentaje que él cobraba rondaba entre el 11% y 12%, ajustable dependiendo del volumen y la complejidad del trámite.
Este entramado surge en el marco de la investigación sobre el acceso privilegiado al dólar oficial durante el control cambiario y la posterior venta en el mercado paralelo, lo que agrava la situación judicial de los implicados. La búsqueda de irregularidades se concentra también en las autorizaciones para importar otorgadas en 2022 y 2023.