La Justicia destapó una red delictiva que operaba un sistema paralelo para destrabar permisos en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante 2022 y 2023. Este mecanismo permitía a empresas obtener aprobaciones en menos de diez días, cuando el proceso habitual podía tardar más de tres meses debido a la compleja situación económica y restricciones cambiarias.
En el centro de la investigación están los peritajes realizados sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio y cercano a Elías Piccirillo, que dejaron al descubierto cómo se organizaba el cobro de retornos que fluctuaban entre un 10% y 15% del valor de cada importación. Estos porcentajes se aplicaban según el tipo de cambio oficial o el dólar blue, dependiendo de los acuerdos entre los involucrados y las empresas.
El expediente señala a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad y vinculado actualmente a la Presidencia de la Nación, como uno de los principales nexos en la operación. En conversaciones por WhatsApp, Saponara consultaba a Migueles por contactos para liberar declaraciones de importación de equipos como autoelevadores y repuestos, evidenciando así la estructura de intermediarios y negociaciones detrás del esquema.
Otro actor clave es Héctor Ezequiel Pipo Caputto, responsable de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad real de influir en la aprobación final. Los audios revelan cómo Caputto detallaba la “rendición” interna, que equivalía a un 15% del monto oficial, y cómo se convertía esta ganancia a dólares billete para su distribución entre los implicados.
Antes de que se levantara el secreto de sumario, el juez Ariel Lijo ordenó varios allanamientos enfocados en financistas relacionados con la red, entre ellos Gonzalo Gonzalote Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro Calian. La investigación abarca a más de 50 personas y empresas vinculadas a este sistema ilícito.
El fiscal Franco Picardi también sigue la pista de otros intermediarios mencionados en las escuchas como “Pato” y “La Señora”. Esta última figura tendría un rol jerárquico en la Secretaría de Comercio o en organismos evaluadores, con capacidad para dar la aprobación definitiva a las importaciones, lo que la convierte en una pieza clave dentro de la red.