Impsa, firma argentina especializada en construcción hidroeléctrica, negocia con el gobierno venezolano la reanudación de trabajos para la reparación y fabricación de turbinas en importantes represas del país andino. Estas intervenciones se centran en los complejos hidroeléctricos Guri, Macagua y Tocoma, cuyas obras se paralizaron hace años debido a la crisis económica y política que atraviesa Venezuela.
El plan contempla reparar tres turbinas de 80 megavatios en Macagua y la instalación de dos unidades de 216 megavatios en Tocoma, sumando así un total de 672 megavatios que ayudarían a aliviar la constante crisis energética que afecta a Venezuela. Según el director ejecutivo de Impsa, Jorge Salcedo, el objetivo es poner en funcionamiento al menos 160 megavatios en Macagua en un plazo aproximado de 100 días, aunque aún no se definió cuándo se firmará el acuerdo oficial para reactivar los proyectos.
Estas obras formarían parte de una adenda a los contratos vigentes, interrumpidos en su momento por la inestabilidad política y el deterioro de la infraestructura eléctrica venezolana, que actualmente sufre apagones diarios en gran parte de su territorio, incluida su capital Caracas. La reforma a la ley eléctrica que impulsan los legisladores venezolanos busca abrir el sector a la inversión privada para mejorar la generación y distribución de energía bajo concesiones gubernamentales, lo que podría facilitar este tipo de colaboraciones con empresas extranjeras.
Impsa, que pasó de ser una empresa estatal a propiedad privada en Argentina tras su privatización bajo el gobierno de Javier Milei, fue transferida a un fondo estadounidense especializado en energía e infraestructura. La compañía enfrenta ahora el desafío de retomar proyectos que alguna vez fueron parte de una campaña conjunta entre ambos países durante gobiernos de izquierda a mediados de la década pasada, cuando se impulsaron grandes inversiones públicas en el sector hidroeléctrico.
La potencia adicional que Impsa aportaría representa menos del dos por ciento de la capacidad total instalada en Venezuela, pero es considerada un paso inicial para la reconstrucción de un sistema eléctrico ampliamente deteriorado. Mientras tanto, el gobierno venezolano exige que las empresas interesadas en apoyar la recuperación energética, incluida la vinculada al sector petrolero liderado por Estados Unidos, cuenten con sus propios sistemas alternativos de energía ante la insuficiencia de la red.