El Gobierno nacional aprobó la toma de deuda pública por un monto máximo de US$5.000 millones, autorizando además que los contratos vinculados a estos préstamos tengan jurisdicción en los tribunales federales y estatales de Nueva York. La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y busca disminuir el costo del financiamiento del Tesoro Nacional.
Esta operación permitirá que el Ministerio de Economía negocie con entidades financieras internacionales, amparadas por garantías parciales otorgadas por organismos multilaterales de crédito. La autorización incluye la incorporación de cláusulas de prórroga de jurisdicción, lo que implica que Argentina renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción ante reclamos judiciales en este fuero.
No obstante, el decreto establece límites claros para proteger el patrimonio nacional. Así, se mantienen inembargables reservas y cuentas del Banco Central, bienes del dominio público situados en el país, activos vinculados a servicios públicos esenciales, bienes militares o vinculados a la defensa, y aquellos protegidos por privilegios diplomáticos o considerados patrimonio cultural de la nación. También quedan excluidos de la ejecución judicial los impuestos y regalías adeudados al Estado.
El Ministerio de Economía tendrá la responsabilidad de definir los plazos, métodos y monedas en que se realizarán estas operaciones financieras. Asimismo, estará facultado para designar a las instituciones participantes, suscribir convenios, realizar pagos por comisiones de mercado y contratar agentes fiscales o agencias calificadoras de riesgo que intervengan en el proceso.