El financiamiento público destinado a la educación en Argentina enfrenta una contracción significativa, reflejada en una caída real acumulada del 47,7% entre 2024 y 2025, según un estudio realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA. Para 2026 se proyecta una nueva reducción del 12,7% si no se incrementan las partidas vigentes, consolidando tres años consecutivos de ajuste presupuestario.
El reporte destaca que este deterioro comenzó en 2024, cuando el presupuesto para Educación y Cultura perdió 0,6 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), con una caída real del 43,2%. Este ajuste fue más pronunciado que el del resto del gasto público nacional y se profundizó en 2025, afectando principalmente las transferencias a universidades, programas de apoyo estudiantil y a las provincias. El análisis indica que la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) explica en gran parte esta presión financiera adicional sobre las jurisdicciones, que ahora deben asumir un rol más activo en la financiación del sistema educativo.
Al estudiar el desglose por programas, se evidencia un ajuste desigual: el presupuesto para universidades cayó un 5,4% real, las becas estudiantiles se redujeron en un 42,5%, y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas se contrajo un 49,5%. La excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que aumentó su asignación, convirtiéndose en una de las líneas prioritarias de la Secretaría de Educación.
El informe también aborda el avance de los esquemas de financiamiento por demanda. El proyecto de Ley de Libertad Educativa, anunciado a fines de 2025, plantea instrumentos como vouchers, becas y créditos fiscales destinados a las familias, además de exigir a las provincias el desarrollo de sistemas de transferencias hacia instituciones privadas. Los autores advierten que esta modalidad puede acentuar la segmentación escolar y debilitar la oferta educativa estatal.
Un cambio normativo clave durante 2026 fue la derogación de los pisos mínimos de inversión en educación, incluyendo la histórica meta del 6% del PBI, vigente desde 2005. Esta eliminación elimina un piso que garantizaba un nivel mínimo de recursos, lo que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad y la equidad del financiamiento educativo en el futuro cercano.