Durante la última dictadura, el Estado implementó un sistema que permitió a grandes empresas endeudarse en dólares a un tipo de cambio fijo, pero asumir la diferencia cuando el dólar se devaluaba. De este modo, si una compañía tomaba un crédito exterior a una cotización baja y luego el dólar se multiplicaba, solo devolvía al Banco Central el valor original en pesos, mientras el Estado cubría el resto en moneda extranjera.
Un paso clave en este proceso fue la Circular A 251 emitida por el Banco Central, que convirtió en deuda pública los pasivos privados derivados de esas operaciones. Este mecanismo, denominado estatización de la deuda privada, generó un impacto estimado en miles de millones de dólares, cifra que en su momento superó la mitad de la deuda externa argentina del periodo. Empresas y grupos económicos como Macri, Techint, Acindar y bancos internacionales se beneficiaron directamente.
Auditorías posteriores revelaron que muchas de esas deudas corresponden a autopréstamos, es decir, créditos otorgados desde las casas matrices externas a sus filiales argentinas, que luego fueron convertidos en compromisos estatales.
Este esquema se replicó recientemente con la emisión de Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) por parte del Banco Central, con el fin de cubrir la deuda acumulada por importadores con proveedores extranjeros. La medida, diseñada para saldar más de once mil millones de dólares en pasivos comerciales, volvió a posicionar al Estado como garante de obligaciones privadas de grandes grupos.
En contraste, no existen mecanismos similares para quienes hoy se endeudan para cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos o servicios esenciales. La desigualdad en el tratamiento de las deudas genera un debate sobre la función del Estado en la protección económica y social de distintos sectores.
El caso expone una paradoja central en la política económica argentina: mientras las grandes empresas cuentan con apoyo directo para afrontar sus compromisos internacionales, los sectores vulnerables enfrentan limitaciones para acceder a financiamiento o alivios estatales similares.