El Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá informó que durante la primera mitad de 2026 se cometieron 127 femicidios en todo el país, lo que equivale a una mujer asesinada cada 40 horas. Esta cifra mantiene la tendencia preocupante del año anterior y refleja la persistencia de la violencia de género en Argentina.
El desglose de estas muertes violentas comprende 94 femicidios directos, 10 vinculados –que incluyen a ocho niños y dos niñas–, así como 4 travesticidios y transfemicidios, además de 12 asesinatos en el marco de narcotráfico y crimen organizado, y 7 suicidios vinculados a la violencia de género. Paralelamente, se registraron 486 intentos de femicidio, casi cuatro veces más que las víctimas fatales, indicador que revela un nivel elevado y sostenido de violencia extrema.
Otro aspecto crítico es el impacto en las familias: 92 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre por estos crímenes. Uno de los casos que sensibilizó a la sociedad fue el ocurrido en General Lagos, Santa Fe, donde un agresor ultimó a sus hijos con la intención de infligir un daño irreparable a su ex pareja.
Los datos provinciales muestran que Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis y Chubut presentan las tasas más altas de femicidios por cada 100.000 mujeres, superando con creces el promedio nacional. La mayoría de los crímenes se produjeron dentro del hogar o en espacios compartidos, y en el 60% de los casos el agresor era pareja, expareja o algún familiar cercano.
En cuanto a la prevención y la protección judicial, el informe revela que apenas un 9% de las víctimas había denunciado previamente a sus agresores; sin embargo, el 75% de esas mujeres poseía órdenes de restricción que no evitaron el desenlace fatal. Esta realidad expone las falencias en el seguimiento y cumplimiento de medidas de protección.
Frente a esta situación, el movimiento feminista y MuMaLá advirtieron la necesidad urgente de declarar la emergencia nacional en violencia de género para fortalecer recursos humanos y financieros destinados a la atención integral de las víctimas, incluyendo a mujeres y a personas del colectivo LGTBIQ+. Según la vocera nacional Victoria Aguirre, dicha declaración es imprescindible para revertir las deficiencias institucionales que perpetúan el riesgo y la impunidad.