Steven D. Anderson manifestó que la Corte Suprema debe tomar el caso relacionado con formas de discriminación que, aunque no manifiesten un sesgo racial directo, generan impactos desproporcionados en comunidades específicas. En su opinión, la exclusión indirecta o "neutral en apariencia" requiere una revisión judicial para evitar desigualdades disfrazadas en ámbitos públicos.
Anderson puntualizó que si bien la Corte ha condenado claramente la discriminación racial abierta en la admisión educativa, existen prácticas que pueden aparentar ser neutrales en su formulación pero que, en la práctica, perpetúan la marginación racial. Por ello, considera indispensable que el alto tribunal clarifique los estándares bajo los cuales se evalúan estas situaciones.
El debate se centra en identificar cómo se deben interpretar las políticas que, sin mencionar la raza, generan efectos negativos sobre ciertos grupos. La postura de Anderson subraya la necesidad de un criterio judicial que reconozca y penalice estas acciones ocultas para proteger el principio de igualdad en instituciones educativas y otras áreas públicas.
La intervención esperada de la Corte Suprema será fundamental para establecer límites claros en la aplicación de políticas de admisión y otras decisiones institucionales, evitando que la discriminación cambie de forma pero mantenga su esencia.