El Senado de la Nación aprobó en general un proyecto que modifica la Ley de Salud Mental vigente, enfocándose en cambiar los criterios para la internación de personas con trastornos mentales y fomentar modelos de atención basados en la comunidad. Esta reforma implica un avance importante en el abordaje sanitario, pero también despertó cuestionamientos sobre los recursos necesarios para implementarla correctamente.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la reducción de hospitalizaciones involuntarias y la promoción de tratamientos ambulatorios que respeten la autonomía y derechos de los pacientes. La propuesta incluye la obligación de crear dispositivos territoriales de atención y prevención que reemplacen progresivamente la internación prolongada en instituciones cerradas.
Entre las novedades, el proyecto recalca la importancia de los equipos interdisciplinarios y el acceso a intervenciones integrales, basadas en evidencias y respetando la diversidad cultural y social de la población. Además, establece la incorporación de las familias y la comunidad en los procesos de cuidado y toma de decisiones.
Sin embargo, varios expertos y organizaciones advirtieron que la ley no clarifica los mecanismos de financiamiento ni detalla el presupuesto para garantizar los dispositivos comunitarios necesarios. Esto generó inquietudes sobre la viabilidad práctica del cambio normativo tras la sanción.
La reforma también plantea la creación de un ente de control y seguimiento para supervisar el cumplimiento de las políticas públicas en salud mental, fomentando la participación ciudadana y la transparencia en la gestión.