El Dr. Lucas Moyano expuso ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados en una reunión dedicada a analizar la violencia digital que afecta a niños, niñas y adolescentes. Durante su intervención, destacó la urgencia de derribar la creencia de que lo que ocurre en internet no trasciende a la vida real, ya que este tipo de violencia deteriora la salud mental y puede derivar en agresiones físicas.
Moyano advirtió que los algoritmos de recomendación de las plataformas amplifican el daño, por lo que solicitó sancionar normas específicas que regulen este fenómeno. Señaló múltiples manifestaciones de violencia digital, entre ellas el control tecnológico en las relaciones de noviazgo, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el grooming y los discursos de odio. También remarcó el impacto de la ciberludopatía, afirmando que una alta proporción de menores argentinos está expuesta al juego online, situación que en algunos casos conduce a extorsiones.
El especialista alertó sobre el riesgo de radicalización de menores en grupos digitales y subrayó el uso de la inteligencia artificial como herramienta que facilita ataques masivos contra la imagen y reputación de personas, al democratizar el daño en plataformas gratuitas.
En cuanto a la investigación judicial, Moyano señaló la fragilidad de la evidencia digital, por la eliminación frecuente de mensajes o perfiles tanto por víctimas como por agresores. Propuso capacitación para fuerzas de seguridad en preservación de pruebas y la federalización de protocolos de investigación que unifiquen criterios a nivel nacional. Además, pidió que los proveedores de servicios de internet guarden registros de conexión e IP durante dos años para facilitar las investigaciones.
En materia de prevención, recomendó implementar protocolos en las escuelas para que los docentes puedan detectar y actuar ante señales de posibles abusos, así como promover una educación digital responsable tanto en el ámbito escolar como familiar.
Finalmente, instó a los legisladores a impulsar una reforma integral que tipifique todas las formas de violencia digital y establezca el rol activo de las empresas tecnológicas como garantes de la ciberseguridad.