La Cámara Federal de San Martín autorizó al Gobierno nacional a finalizar el programa Volver al Trabajo a partir de agosto, lo que implica que más de 900 mil beneficiarios dejarán de recibir la prestación mensual de 78 mil pesos. En reemplazo, se implementará un sistema de capacitación laboral diseñado para fomentar la inserción laboral a través de talleres y formación.
Este fallo anuló la suspensión ordenada por el Juzgado Federal de Campana, que exigía mantener los pagos hasta establecer una política alternativa de igual impacto social. Para los jueces que integran la Cámara, la medida cautelar provocaba un adelanto del fallo final y afectaba la facultad del Ejecutivo para modificar o eliminar programas sociales, cuya duración estaba prevista por dos años.
Con la revocatoria, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social podrá destinar los fondos previamente asignados a transferencias mensuales hacia inversión en empresas, centros de formación y organizaciones que dictarán los talleres de capacitación. Este cambio apunta a transformar el asistencialismo económico en un modelo que promueva la inclusión laboral efectiva.
La demanda inicial fue promovida por beneficiarios agrupados y representados legalmente, quienes argumentaron que la suspensión abrupta del programa sin un mecanismo equivalente podría generar un daño irreparable a las personas en situación vulnerable. No obstante, la Cámara consideró que no se cumplían con los requisitos legales para continuar con la medida cautelar.
La resolución causó rechazo entre sectores sociales, especialmente la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que manifestaron preocupación por la suspensión del beneficio y destacaron la urgente necesidad de mantener un ingreso básico para quienes dependen del programa. Desde el Gobierno nacional afirmaron que los recursos liberados serán también destinados a ampliar la doble jornada escolar en zonas vulnerables, vinculando así las políticas sociales con la educación.