La Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas en las llamadas Zonas Frías, reduciendo el beneficio y aplicando restricciones geográficas que afectarán principalmente a provincias del interior productivo.
Este cambio implica la eliminación parcial del subsidio actual, que representaba entre el 30 y 50% del costo del consumo de gas para unas ocho provincias, entre ellas Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Se estima que la reducción impactará a más de tres millones de hogares, y también pondrá en riesgo la competitividad de las industrias locales al trasladarles mayores costos energéticos.
El subsidio se financia mediante un fondo fiduciario integrado por un aporte del 7,5% de los usuarios de todo el país, según una normativa aprobada con amplio respaldo en 2021. La reciente votación sumó 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, y ahora la iniciativa deberá ser tratada por el Senado.
La vocera oficial de Santa Fe, Virginia Coudannes, retomó los cuestionamientos formulados previamente por el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini, señalando que la medida perjudica a las provincias productivas y afecta la capacidad de crecimiento regional. Destacó que esta política energética no considera las particularidades del interior y que el aporte que Santa Fe realiza a la Nación no se ve reflejado en un beneficio equivalente para sus habitantes y sectores productivos.
Desde Buenos Aires, el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, advirtió que el nuevo régimen impactará de forma importante en esa provincia, donde casi el 40% de los beneficiarios de la actual tarifa subsidiada se encuentran. Aclaró que el proyecto deja indefinido el monto y las modalidades del futuro beneficio, y que mantiene subsidios plenos solo para usuarios de Patagonia, Malargüe y Puna, mientras que la denominada Zona Fría ampliada recibiría solo una bonificación parcial, en el marco del Subsidio Energético Focalizado.
El debate actual pone en evidencia tensiones respecto a cómo se distribuyen los costos energéticos y las políticas públicas asociadas, que afectan tanto a los hogares vulnerables como a sectores industriales estratégicos del interior del país.