El proyecto conocido como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada avanzó en el Senado con un dictamen de mayoría que permitirá su tratamiento en el recinto durante las próximas semanas. Impulsado por el Ministerio de Desregulación, esta iniciativa propone cambios en cuatro marcos legales esenciales, que afectan desde el acceso a tierras rurales hasta las formas de desalojo judicial.
Entre las modificaciones más relevantes destaca la reforma a la Ley de Tierras Rurales, que actualmente limita la compra de tierras por personas o empresas extranjeras para preservar la soberanía alimentaria. El proyecto elimina gran parte de esas restricciones, restringiéndolas solo a Estados extranjeros o compañías con participación estatal, y estableciendo como criterio la presentación de planes de inversión que, según la ley, deben servir al interés público sin poner en riesgo la seguridad y soberanía nacional, aunque no se especifica cómo se decidirá este riesgo.
Esta flexibilización se produce en un contexto de concentración creciente de la tierra en las regiones más fértiles, donde la diversidad productiva disminuye y la producción local de alimentos ya no cubre las necesidades mínimas recomendadas. El riesgo es que la adquisición masiva de tierras por parte de actores extranjeros o grandes grupos económicos se profundice, limitando aún más el acceso de comunidades campesinas y estados provinciales a mecanismos de protección.
Además de la Ley de Tierras Rurales, el proyecto introduce cambios en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acelerar desalojos, en la Ley de Manejo del Fuego, en la Ley de Expropiaciones y en la Ley de Barrios Populares, todas con el objetivo de reducir las barreras jurídicas para el despojo y facilitar la concentración territorial.
Organizaciones sociales y movimientos campesinos denuncian que estas reformas consolidan la extranjerización y cuestionan el retroceso ambiental y social que podrían generar, ya que reducen las protecciones legales para sectores vulnerables y para provincias que buscan preservar sus recursos naturales y sociales. Consideran que el proyecto abre la puerta a la especulación inmobiliaria y a la venta indiscriminada de tierras con un modelo que prioriza intereses económicos sobre la sostenibilidad y la justicia territorial.