La Comisión de Seguridad de la Legislatura de Córdoba comenzó a debatir un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo provincial que establece el marco legal para intervenir bienes muebles e inmuebles que representen un riesgo para la seguridad pública. La iniciativa está concebida para controlar los llamados búnkeres, aguantaderos y guaridas vinculadas a actividades ilegales, especialmente vinculadas al narcomenudeo.
El proyecto propone dos casos específicos para la intervención estatal: primero, cuando los inmuebles estén abandonados, en desuso o en riesgo de ruina, y segundo, cuando haya evidencia de uso reiterado para actividades delictivas. Esta doble vía busca tanto preservar la convivencia ciudadana en espacios riesgosos como desarticular estructuras dedicadas al comercio ilegal de drogas y otros delitos.
Además del régimen de intervención administrativa con medidas como intimaciones, clausuras provisionales y control perimetral, el texto incluye la derivación de casos a la autoridad judicial cuando la situación así lo requiera. Esto incorpora herramientas legales específicas para enfrentar el narcomenudeo, un fenómeno que preocupa a las fuerzas de seguridad y a las autoridades provinciales.
Para aplicar la ley, el proyecto plantea mecanismos coordinados entre varios organismos como el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía, la Policía de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, y también los municipios y comunas. Esta articulación pretende facilitar respuestas integrales y evitar vacíos en la lucha contra el delito en espacios públicos y privados.
Durante la sesión, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, explicó que la norma busca dar «reglas claras» para la intervención estatal, tanto administrativa como judicial, estableciendo un orden jurídico que facilite la acción y evite vacíos legales. La reforma también incluye modificaciones a la Ley de Lucha contra el Narcotráfico, complementando las herramientas existentes.