El contrabando de celulares en Argentina alcanzó un nivel inédito, con un volumen que representa aproximadamente un tercio del mercado total, según un informe reservado que analizó el fenómeno en detalle. Este crecimiento preocupa por las pérdidas económicas que genera tanto para el Estado como para los sectores formales y los consumidores.
El relevamiento, realizado por una consultora especializada en negocios para multinacionales y finalizado a fines del año pasado, señala que el aumento del contrabando se relaciona con la eliminación de varios controles y regulaciones que antes restringían estas prácticas ilegales. Entre las medidas suprimidas figuran la desaparición de veedores sectoriales de importaciones, la reducción de verificaciones técnicas para productos higiénicos y domisanitarios, además de controles previos de la ANMAT y registros formales de exportadores e importadores.
En particular, el mercado de celulares ilustra esta tendencia claramente. Si bien se mantiene un parque estimado en más de nueve millones de equipos utilizados en los últimos años, el informe de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Tecnologías Electrónicas (AFARTE) identifica que el contrabando creció del 7% al 35%. Este fenómeno implica que una de cada tres unidades que se venden no pasa por canales legales.
La dimensión económica es significativa: el comercio ilegal de celulares habría ingresado cerca de US$ 1.858 millones en 2025, mientras que la venta formal nacional superó los US$ 2.300 millones. Se calcula que cada semana entran al país unas 50.000 unidades de contrabando, con el 50% proveniente desde Paraguay a través del paso fronterizo de El Dorado y la otra mitad principalmente desde Panamá mediante el aeropuerto de Ezeiza.
Frente a esta realidad, el Ministerio de Seguridad diseñó un plan para reforzar los controles fronterizos y combatir el ingreso ilegal. Destacan que cada celular puede ser rastreado mediante su identificación única para verificar si fue importado legalmente y destinado al mercado local. Sin embargo, una vez dentro del país estos aparatos se distribuyen a través de redes sociales, plataformas digitales y grupos de WhatsApp, esquivando la fiscalización tradicional.
La diferencia notable en los precios entre los teléfonos legales y los de contrabando es el principal incentivo para esta modalidad, pues al reducir costos el mercado informal gana terreno rápidamente, afectando tanto a fabricantes como a los consumidores que a menudo quedan excluidos de garantías y servicios oficiales.