El Senado inició el tratamiento de una reforma a la Ley de Sociedades que propone incluir un nuevo tipo societario denominado “sociedades automatizadas”. Estas entidades funcionarían mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin necesidad de empleados en relación de dependencia ni intervención humana directa para su operación diaria.
La iniciativa, promovida por el Ministerio de Desregulación, plantea que estas sociedades actúen como personas jurídicas capaces de desarrollar actividades comerciales o sociales a través de tecnologías avanzadas. El titular de esa cartera defendió el proyecto señalando que incorporar legalmente la inteligencia artificial en el ámbito empresarial representa una oportunidad estratégica para el país.
Uno de los puntos centrales en el debate legislativo es la responsabilidad civil. El proyecto establece que la sociedad automatizada responderá con su patrimonio frente a terceros por cualquier daño causado por sus sistemas algorítmicos, equiparando sus obligaciones a las de una sociedad anónima. Esto busca aclarar quién asume las consecuencias de decisiones automatizadas sin intervención humana.
Además, la reforma regula otro tipo de entidades llamadas Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO). Estas se diferencian porque, aunque también utilizan inteligencia artificial para su administración, pueden contratar personas para funciones de gestión. En contraste, las sociedades automatizadas no requieren de personal humano para su operación habitual, sino que dependen completamente de tecnologías.
El proyecto cobró relevancia a partir de un debate público entre el presidente y el historiador Yuval Noah Harari, quien advirtió que otorgar personalidad jurídica a sistemas de inteligencia artificial podría facilitar su acceso a ámbitos financieros, económicos y políticos, abriendo nuevos desafíos regulatorios.
En tanto, legisladores opositores señalaron que esta propuesta se vincula con otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, como el llamado «Súper RIGI» y el proyecto que establece la inviolabilidad de la propiedad privada, generando preocupación sobre la concentración de poder y el marco normativo aplicable.