La diputada provincial Alejandra Lordén destacó el acuerdo que permitió conformar una lista de unidad en la UCR de Saladillo y valoró la designación de Manuel Cisneros y Romina Lamardo.
El diputado nacional por Tierra del Fuego asumió la presidencia de una comisión clave del Congreso encargada de supervisar organismos y políticas de seguridad interior.
La Cámara de Diputados citará a Manuel Adorni para que explique su situación patrimonial y el uso de recursos estatales en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Tras la Marcha Federal Universitaria, el Ejecutivo anunció una reunión con rectores para revisar el presupuesto y reforzar el control sobre los fondos destinados a educación y salud universitaria.
En San Rafael, afectados por fibromialgia realizarán una caminata para visibilizar la enfermedad y exigir una ley nacional que garantice tratamientos y cobertura integral.
El oficialismo enfrenta una fuerte disputa interna con la candidatura de Sebastián Pareja, apoyada por Karina Milei, para liderar la comisión que supervisa a la SIDE, generando tensiones con el PRO.
El reciente surgimiento de sospechas sobre pagos extraoficiales en el gobierno de Javier Milei reactivó el histórico debate sobre la transparencia y el uso de fondos reservados en la función pública.
La sesión para interpelar al jefe de Gabinete Manuel Adorni no alcanzó quórum en Diputados, mientras la oposición acusa al PRO de no acompañar la convocatoria.
El Poder Ejecutivo envió al Senado nuevos pliegos para cubrir vacantes clave en juzgados federales y laborales, con respaldo de asociaciones judiciales que buscan agilizar procesos.
En la provincia, crece la discusión sobre aplicar la Ley de Lemas para definir si mantiene una gobernación peronista o cambia hacia un modelo libertario en las próximas elecciones.
La presión para que Manuel Adorni deje su cargo aumentó dentro del Gabinete, luego de disputas por su manejo político y la demora en presentar su declaración jurada ante la Justicia.
Un nuevo régimen propuesto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires busca normalizar construcciones fuera de norma, imponiendo recargos para garantizar pagos y evitar amnistías sin costo.