La Justicia Federal rechazó un decreto gubernamental que suspendía la vigencia de la ley de financiamiento universitario, obligando al Gobierno a implementar las partidas destinadas a las universidades. Este fallo marca un revés para la administración actual y refuerza el cumplimiento de la normativa vigente para garantizar recursos a las casas de estudio.
El tribunal declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, que había postergado la aplicación de la ley aprobada para asegurar fondos a las instituciones universitarias. La medida asegura que los montos previstos en la legislación deben ser entregados sin modificaciones o retrasos, reafirmando así el marco legal que protege la autonomía y el sustento de las universidades públicas.
El Gobierno anticipó que apelará la resolución judicial, aunque el fallo representa un pronunciamiento claro respecto al cumplimiento de las obligaciones financieras establecidas en la ley de financiamiento universitario. De esta manera, queda en evidencia la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial respecto a la distribución y asignación de recursos en el sector educativo.
Esta sentencia se inscribe dentro de un contexto en el que la inversión en educación superior ha sido objeto de debates recurrentes, y la ley de financiamiento busca garantizar estabilidad presupuestaria para las universidades públicas, fundamentales en la formación académica y la investigación científica del país.