Los sindicatos de prensa de todo el país presentaron un proyecto de ley ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado nacional para reemplazar el Estatuto del Periodista Profesional vigente. La propuesta surge como respuesta a la derogación programada de la Ley 12.908, que perderá vigencia a partir del 1° de enero de 2027 tras la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
El proyecto fue elaborado colectivamente en un corto plazo por diversas organizaciones sindicales y contempla actualizaciones relacionadas con las nuevas tecnologías, plataformas digitales e inteligencia artificial, además de preservar las garantías laborales y la libertad de expresión para los trabajadores de prensa.
El secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe, Pablo Jiménez, explicó que el estatuto actual no solo establece derechos laborales sino también protecciones esenciales para la actividad periodística, como el acceso a fuentes y la estabilidad frente a despidos. Destacó la relevancia de mantener la cláusula de doble indemnización para periodistas despedidos, que otorga cierta seguridad cuando la información publicada incomoda a los poderes de turno.
Jiménez también advirtió sobre un contexto de creciente precarización laboral en el sector, con bajos salarios y condiciones de trabajo deterioradas en todo el país. Además, expresó preocupación por la animosidad hacia el periodismo crítico y la frecuencia de agresiones y represión a trabajadores durante coberturas de manifestaciones.
La presentación en el Senado representa un primer paso con la participación de legisladores de diversos bloques políticos. Los sindicatos buscan que el Congreso apruebe la nueva ley antes de la derogación del estatuto para evitar un vacío legal que afecte los derechos laborales y garantice la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo.
Entre los aspectos destacados del proyecto está la regulación específica de las plataformas digitales y el uso de inteligencia artificial, que actualmente no están contemplados en la normativa vigente pero afectan el trabajo periodístico y la difusión de contenidos.