El cobro de una nueva tasa de alumbrado público (TAP) en General Pueyrredon generó un fuerte rechazo político y social tras detectarse que se aplica de forma encubierta en las facturas de electricidad de EDEA y cooperativas locales. Este impuesto, que debería estar claramente identificado, aparece bajo el rótulo “Ley 10.740”, una denominación que oculta su verdadera naturaleza y dificulta la comprensión por parte de los usuarios.
El representante de Unión por la Patria, Diego García, presentó un proyecto para que el Departamento Ejecutivo detenga el cobro de esta tasa a los sectores exceptuados, solicitando además la devolución de los montos ya cobrados de forma indebida. La tasa se calcula en un cargo fijo que ronda los 6.000 pesos por inmueble, tomando como referencia la cantidad de luminarias frente a cada propiedad y las esquinas de la manzana correspondiente.
Este pago se desprende de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), que hasta ahora incluía el alumbrado público integrado y abonado conjuntamente. Sin embargo, al desdoblarse este cargo, se originó un doble cobro encubierto, que castiga a vecinos que ya pagaron la TSU anualizada e impacta negativamente en personas con discapacidad reconocida por el Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes históricamente estaban exentas del pago de tasas municipales por sus condiciones socioeconómicas.
García denunció que el Concejo está frente a una maniobra de opacidad y falta de transparencia, al disfrazar el impuesto local detrás de un marco provincial para evitar que los ciudadanos detecten el aumento. Afirmó que luego de alertar a la comunidad a través de redes sociales, la cantidad de reclamos por doble facturación se multiplicó en distintos barrios. Asimismo, exigió que el Intendente disponga la aclaración inmediata sobre los criterios de facturación y ordene el reintegro del dinero cobrado de manera errónea.
Además, el proyecto oficialista solicita formalmente que se exija a las empresas distribuidoras modificar la leyenda en las boletas para que figure explícitamente «Tasa por Alumbrado Público», garantizando así la transparencia requerida en el origen de cada cargo a pagar.
Este caso expone un problema amplio para la comunidad de Mar del Plata y Batán, donde se suman familias con integrantes con discapacidad y contribuyentes que ya disponían del pago adelantado de la TSU. A la falta de claridad se suma el perjuicio económico directo, lo que plantea un debate sobre las políticas tributarias municipales y la supervisión de los nuevos gravámenes.