Con el fin de garantizar espacios escolares seguros y promover una cultura de prevención en Catamarca, se presentó un proyecto de ley que establece un protocolo especial para entornos educativos en escuelas primarias y secundarias tanto públicas como privadas. La iniciativa responde a situaciones preocupantes como amenazas en redes sociales, casos de intimidación entre estudiantes y la posible presencia de objetos peligrosos dentro de los establecimientos.
El proyecto propone un enfoque integral que prioriza la prevención, la detección temprana de riesgos y la actuación responsable, respetando los derechos de los alumnos y generando un vínculo activo entre la escuela, las familias y el personal educativo. La diputada a cargo explicó que el protocolo está adaptado a las necesidades sociales de la provincia y apunta a intervenir antes de que ocurran hechos de violencia, con una mirada pedagógica y respetuosa hacia los estudiantes.
La iniciativa se estructura en tres etapas.
- La primera etapa se centra en la formación y concientización de estudiantes, docentes y familias, a través de talleres, tutorías y jornadas de diálogo, además de capacitaciones obligatorias para el personal escolar sobre la correcta aplicación del protocolo.
- En la segunda etapa, llamada “Abordaje preventivo para un entorno seguro”, se habilita la realización de controles preventivos no invasivos y aleatorios sobre las pertenencias de los estudiantes, siempre respetando su voluntad y derechos; las mochilas se abrirán con consentimiento voluntario bajo supervisión de autoridades escolares.
- Finalmente, la etapa de actuación y seguimiento establece procedimientos para manejar situaciones de riesgo: mantener la calma para evitar pánicos, separar preventivamente a los involucrados sin violencia, informar al sistema 911 y contactar a los tutores. Además, cada institución deberá elaborar informes y coordinar con equipos interdisciplinarios para el seguimiento correspondiente.
El proyecto también resalta el papel de las familias, que deberán comprometerse formalmente al protocolo mediante la firma de un acta de compromiso. En caso de incumplimientos graves, se prevén sanciones de carácter social y reparador, priorizando tareas comunitarias y talleres educativos por encima de multas económicas.