Con el fin de promover ambientes escolares más seguros y prevenir conflictos dentro de las escuelas, la diputada provincial Cecilia Barros presentó en la Cámara Baja un proyecto de ley llamado “Protocolo para Entornos Educativos Seguros”. Está dirigido a establecimientos primarios y secundarios, tanto públicos como privados, de toda la provincia de Catamarca.
Esta iniciativa responde a problemas recientes que preocupan a la comunidad educativa, como amenazas difundidas en redes sociales, situaciones de intimidación entre alumnos y la posible presencia de objetos peligrosos en los colegios. El proyecto busca aportar herramientas claras para la prevención, la detección temprana y la respuesta responsable, enfocándose en proteger integralmente a los estudiantes y respetar sus derechos.
El protocolo se estructura en tres etapas principales. Primero, apunta a la formación y concientización de estudiantes, docentes y familias, mediante talleres, tutorías y jornadas que fomentan el diálogo y el vínculo entre la escuela y los adultos responsables. Además, incluye capacitaciones obligatorias para el personal escolar con el objetivo de garantizar una correcta aplicación de las medidas.
En una segunda fase, denominada “Abordaje preventivo para un entorno seguro”, se habilita la realización de controles preventivos no invasivos sobre las pertenencias de los estudiantes. Estos controles deben ser aleatorios, siempre supervisados por autoridades escolares y exclusivamente con la apertura voluntaria de mochilas o pertenencias por parte del alumno, garantizando así la integridad y los derechos de los jóvenes.
La tercera etapa establece protocolos de actuación y seguimiento frente a posibles situaciones de riesgo, incluyendo medidas para preservar la calma, la separación preventiva sin violencia de personas involucradas, la notificación inmediata al sistema de emergencias y la comunicación con los familiares. Las escuelas deberán además elaborar informes y coordinar el trabajo con equipos interdisciplinarios para asegurar el acompañamiento posterior.
Un aspecto destacado del proyecto es el rol fundamental que tienen las familias, que deberán comprometerse formalmente con el protocolo mediante la firma de un acta. En caso de incumplimientos graves, se prevén sanciones sociales y reparadoras, como tareas comunitarias y talleres educativos, en lugar de multas económicas.