Monseñor Juan Liébana, obispo de Chascomús y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social en el área de Ecología Integral, manifestó una firme oposición al proyecto de reforma de la Ley de Tierras que se discute en el Congreso. Según su análisis, la iniciativa permitiría una mayor concentración de la propiedad rural en pocas manos y aceleraría la extranjerización, poniendo en riesgo la soberanía sobre recursos estratégicos.
El prelado puntualizó que la legislación vigente limita la compra de tierras por parte de extranjeros y protege zonas clave vinculadas a recursos naturales como petróleo, minería, glaciares, nacientes de ríos y áreas fronterizas. La reforma propuesta, en cambio, flexibiliza estos controles, lo que podría derivar en una reducción del control nacional sobre esos bienes comunes.
Al rechazar el argumento oficial de que la medida promovería nuevas inversiones y desarrollo, monseñor Liébana sostuvo que esto no garantiza un progreso real para el país. Citó la encíclica “Magnifica Humanitas” del papa León XIII, que advierte sobre el peligro de un progreso que beneficia a pocos a costa del daño ambiental y social. Según el documento, los bienes de la tierra fueron entregados a toda la humanidad, y el derecho a la propiedad debe subordinarse al destino universal de esos bienes y al bien común.
El obispo aclaró que la Iglesia no se opone a la propiedad privada, sino que la defiende siempre en función de la dignidad humana y de su impacto social. Reafirmó la idea de que la tierra debe estar en manos de muchos y no concentrada en pocos, destacando que “la tierra no es una mercancía ni un simple recurso económico”, sino que garantiza la vida, la cultura y el futuro de comunidades rurales, campesinas e indígenas.
Además, expresó preocupación por la eliminación de restricciones que impiden modificar el uso de tierras afectadas por incendios forestales, una medida que podría incentivar incendios intencionales para facilitar cambios productivos, con consecuencias ambientales graves.
Finalmente, monseñor Liébana hizo un llamado a un compromiso ciudadano profundo que trascienda el patriotismo simbólico y se traduzca en la protección real del territorio y de la Casa Común, en línea con la defensa de la soberanía nacional y el cuidado ambiental.