La investigación que involucra a Francisco Adorni comenzó tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, que apuntó a un posible enriquecimiento ilícito durante su gestión pública. El caso, a cargo del juzgado federal de Daniel Rafecas, se enfoca en el análisis de las diferencias patrimoniales declaradas por Adorni en un lapso de un año y la supuesta incompatibilidad con sus ingresos oficiales.
De acuerdo con la investigación, el patrimonio declarado por Adorni se elevó de casi 44 millones de pesos en su declaración jurada de 2024 a 80,5 millones en 2025, lo que representa un aumento notable en solo doce meses. Uno de los puntos centrales del expediente es la cancelación de un crédito hipotecario por 60 millones de pesos durante ese período, junto con la adquisición de un automóvil nuevo, operaciones que según la denuncia estarían fuera del alcance económico del salario público del legislador.
El fiscal Marijuán solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y pidió informes a más de 30 organismos, entre ellos la Agencia de Recaudación de la provincia y los organismos tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. También requirió al registro de Migraciones toda la información sobre los viajes al exterior del diputado desde 2020 para detectar posibles movimientos asociados al lavado de activos.
Este proceso se limita exclusivamente a Francisco Adorni. Sin embargo, su hermano, Manuel Adorni, también enfrenta un proceso judicial distinto en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. A partir de las medidas solicitadas, la fiscalía buscará confirmar si existe una diferencia patrimonial injustificada que pueda asociarse a delitos financieros durante su paso por la función pública.