El gobierno revirtió su calendario parlamentario luego de sufrir una fuerte derrota con el proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. Ante la falta de apoyo y con la necesidad de recomponer alianzas políticas, la Cámara de Diputados aplazó la discusión general y priorizó iniciativas menos conflictivas.
El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, decidió retrasar al menos un mes el tratamiento del expediente para evitar nuevos reveses y cuidar el vínculo con gobernadores que habían rechazado la postura oficial. Mientras tanto, el bloque libertario se volcó a impulsar reformas de bajo impacto político, como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, descartando la sesión prevista para mediados de mes.
En el Senado, la discusión sobre el régimen de inconstitucionalidad generalizada (RIGI) avanzó en comisiones, pero la reforma política quedó en suspenso y solo se espera retomar el debate más adelante. El proyecto original sobre la inviolabilidad sufrió modificaciones durante su paso por la Cámara alta, perdiendo capítulos sobre la extranjerización de tierras y la ley de manejo del fuego, pero mantuvo restricciones que afectan la capacidad estatal para realizar expropiaciones y desalojos rápidos, medida que preocupa especialmente a familias endeudadas.
Desde el bloque peronista anticiparon que la oposición busca cambiar el eje legislativo hacia temas que conecten con las demandas sociales, en contraste con el enfoque libertario que predominó hasta ahora. Se priorizan iniciativas para aliviar la crisis de deuda doméstica, la prórroga de la emergencia en discapacidad, la revisión del financiamiento universitario y la atención al PAMI, que enfrenta problemas urgentes de gestión.
La reforma política, inicialmente en agenda, se enfrió antes aún de la última sesión, y se prevé que quede congelada hasta el ciclo electoral. Según allegados al oficialismo, el interés por este trámite decayó claramente luego de la derrota sufrida. En este contexto, la bancada libertaria trabaja en presentar un paquete de proyectos considerados de menor controversia, entre los que destacan la reforma del Banco Central y un proyecto sobre inocencia fiscal.