La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, manifestó su profundo desacuerdo con las recientes resoluciones judiciales que frenan la aplicación del régimen penal juvenil en el país. Según indicó, estas decisiones generan una paralización en la política pública destinada a responsabilizar penalmente a los menores de edad implicados en delitos.
Monteoliva calificó la situación como una fuente de indignación y cuestionó el impacto que tienen estos fallos sobre la seguridad ciudadana y los mecanismos de justicia restaurativa. Advirtió que esta falta de avances judiciales complica el trabajo que el Estado viene realizando para equilibrar derechos y responsabilidades en el ámbito juvenil.
El régimen penal juvenil, que pretende establecer un tratamiento diferenciado para los menores infractores, enfrenta rechazos judiciales que postergan su implementación. La ministra señaló que la demora afecta la efectividad de políticas que buscan tanto prevenir la reincidencia como garantizar la reinserción social de los adolescentes.
Ante este panorama, Monteoliva insistió en la necesidad de acelerar los procesos legislativos y judiciales para que los menores que cometen delitos reciban respuestas adecuadas bajo criterios de justicia especializada. Destacó además que la indefinición actual perjudica a las víctimas y al conjunto de la sociedad.
Por último, reconoció la complejidad de abordar el delito juvenil desde una mirada integral, pero afirmó que la falta de aplicación del régimen vigente limita el impacto positivo que se espera en materia de seguridad y justicia.