El acceso a la información patrimonial de jueces, legisladores y funcionarios en Río Negro está limitado por ley, ya que los registros se mantienen confidenciales y solo se revelan mediante órdenes judiciales. En más de veinte años, solo cuatro solicitudes judiciales lograron desbloquear esos datos, dos a nivel provincial y dos en la Justicia Federal.
El Tribunal de Cuentas es el responsable de custodiar las declaraciones juradas en la provincia, función que le asigna la Ley 3550 de Ética Pública sancionada en 2021. Desde la entrada en vigencia de esta normativa, la institución recibió más de 13.500 presentaciones patrimoniales, aunque actualmente solo 6.099 declaraciones permanecen activas.
Esta obligación legal alcanza a jueces, legisladores, funcionarios y agentes que manejan fondos públicos, quienes deben presentar su declaración patrimonial dentro de los 30 días posteriores a asumir un cargo. La ley contempla también la obligación de declarar los bienes del cónyuge y personas a cargo, tanto al inicio como al término del mandato o función.
Durante las últimas dos décadas, las únicas declaraciones patrimoniales que salieron a la luz lo hicieron tras requerimientos judiciales: se trata de dos casos vinculados a magistrados provinciales, que involucraron al exministro Daniel Sartory y al exjuez Guillermo Leskovar Garrigos, además de dos solicitudes de la Justicia Federal en las que se presentaron datos de la exdirectora de Políticas Sociales Verónica Picapietra y el exdirector de la Unidad de Financiamiento Sebastián Rocha.
Aunque en el primer año de vigencia de la ley (2003) se registraron más de 1.000 presentaciones, la cantidad anual varió en los años posteriores, oscilando entre 149 y 673.
El nivel de confidencialidad que Río Negro mantiene en torno a estos datos es objeto de críticas, especialmente cuando otras provincias avanzaron hacia políticas de mayor transparencia al permitir a la ciudadanía acceder a esas declaraciones, ya sea mediante solicitud directa o por publicación parcial o total en plataformas digitales. Además de Río Negro, otros distritos que sostienen esta reserva son Tucumán, Catamarca, Chaco, Jujuy, Entre Ríos, Formosa, San Luis, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz.
Ante esta realidad, está en discusión un proyecto de ley en la Legislatura rionegrina que propone modificar la normativa vigente para ampliar la información patrimonial obligatoria, digitalizar las presentaciones y ofrecer acceso online a la documentación de los funcionarios públicos.