La reciente adjudicación de la concesión para la Hidrovía Paraná-Paraguay sumó críticas por la falta de competencia efectiva y por favorecer a un consorcio privado con una facturación estimada en más de 15 mil millones de dólares a lo largo de 25 años. El proceso fue impulsado desde el Ministerio de Economía, con Luis Caputo como principal responsable de respaldar la operación, a pesar de las numerosas denuncias de amiguismo y direccionamiento.
A pocos días de publicarse la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que formalizó la concesión, se evidenció que el pliego de licitación estuvo diseñado para limitar la competencia, lo que ocasionó que no se presentaran impugnaciones formales. Fuentes del sector portuario aseguran que esta falta de reclamos no refleja transparencia, sino exclusión deliberada para que solo el consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la local Servimagnus pudiera acceder sin obstáculos.
Desde el ministerio, Caputo defendió públicamente la adjudicación como un “hito logístico” y destacó una supuesta reducción de los costos logísticos para el sector exportador. Sin embargo, los mismos documentos oficiales muestran que el grupo concesionario tendrá ingresos anuales promedio superiores a 600 millones de dólares, cifras que contradicen los discursos oficiales de austeridad y desregulación. Además, la larga vigencia del contrato, que podría extenderse hasta 30 años, asegura una alta rentabilidad a empresas con vínculos estrechos al círculo de influencia oficial.
En la red de beneficiarios aparecen empresas vinculadas a figuras como el Grupo Neuss, la familia Román, Juan Ondarcuhu y Gustavo Elías, quienes se convertirán en subcontratistas claves dentro del esquema de explotación de la hidrovía. Este entramado contribuye a la percepción de un negocio diseñado a medida para favorecer intereses políticos y económicos específicos, lo que generó rechazo en la oposición y en el periodismo de investigación.